La sociedad argentina está fragmentada.
La situación de un niño carenciado que vive en un asentamiento de algún mega centro urbano es similar a la situación latinoaméricana en general -ejemplo, una favela en Rio-, pero es muy distinta de la de un niño que va a una escuela rural en el interior del país y muy distinta a su vez de la de un niño de una familia sin posibilidades económicas de alguna zona productiva en auge del interior del país, como el sur de la provincia de Santa Fe -ejemplo Rafaela-.
Por lo tanto la política social debe ser distinta en cada caso.
El Estado debe recuperar su rol de planificador central y poner el marco para las acciones privadas que deben ser valoradas y potenciadas. La primera articulación es sin dudas la conectividad, donde el Estado debe establecer los incentivos apropiadados para garantizar el acceso universal.
Por otra parte están las terminales, que sin dudas involucran a los privados. Por esta plataforma se puede garantizar la formación docente, homogénea en todo el país y el acceso a todas las oportunidades educativas nacionales e internacionales para los alumnos.
Estamos muy atrasados.
Nuestras escuelas no están conectadas, nuestros maestros no están formados y aunque tenemos terminales en los establecimientos -en los 90 se repartieron muchos equipos, tal como se está haciendo ahora- no existe una política coordinada de mantenimiento, soporte y actualización de ese hardware. No es difícil encontrar en las escuelas equipos que han envejecido sin uso, porque no están conectados y no se saben utilizar.
El estado tiene un superávit anual aproximado de 30.000.000.000 millones de pesos. Chile conectó en el 2005 a todas sus escuelas rurales. Invirtió, en pesos argentinos, 21 millones. Si nos costara 10 veces más, invertiríamos un poco más del 1% de nuestro superávit. ¡Cómo no hacerlo!
La crisis fiscal del Estado ya pasó, es hora de actuar estratégicamente.
La situación de un niño carenciado que vive en un asentamiento de algún mega centro urbano es similar a la situación latinoaméricana en general -ejemplo, una favela en Rio-, pero es muy distinta de la de un niño que va a una escuela rural en el interior del país y muy distinta a su vez de la de un niño de una familia sin posibilidades económicas de alguna zona productiva en auge del interior del país, como el sur de la provincia de Santa Fe -ejemplo Rafaela-.
Por lo tanto la política social debe ser distinta en cada caso.
El Estado debe recuperar su rol de planificador central y poner el marco para las acciones privadas que deben ser valoradas y potenciadas. La primera articulación es sin dudas la conectividad, donde el Estado debe establecer los incentivos apropiadados para garantizar el acceso universal.
Por otra parte están las terminales, que sin dudas involucran a los privados. Por esta plataforma se puede garantizar la formación docente, homogénea en todo el país y el acceso a todas las oportunidades educativas nacionales e internacionales para los alumnos.
Estamos muy atrasados.
Nuestras escuelas no están conectadas, nuestros maestros no están formados y aunque tenemos terminales en los establecimientos -en los 90 se repartieron muchos equipos, tal como se está haciendo ahora- no existe una política coordinada de mantenimiento, soporte y actualización de ese hardware. No es difícil encontrar en las escuelas equipos que han envejecido sin uso, porque no están conectados y no se saben utilizar.
El estado tiene un superávit anual aproximado de 30.000.000.000 millones de pesos. Chile conectó en el 2005 a todas sus escuelas rurales. Invirtió, en pesos argentinos, 21 millones. Si nos costara 10 veces más, invertiríamos un poco más del 1% de nuestro superávit. ¡Cómo no hacerlo!
La crisis fiscal del Estado ya pasó, es hora de actuar estratégicamente.
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